El 30 de abril el Ejecutivo recibirá al Consejo Interuniversitario Nacional. En Rosada reconocen que arancelar la universidad está en los planes del presidente, pero “muy a largo plazo”. Críticas a los dirigentes que fueron a la marcha
La masiva marcha en defensa de la universidad y la educación pública se llevó toda la atención en las reuniones en Casa Rosada. Rodeados por un contundente operativo de seguridad, los funcionarios dentro de la Casa de Gobierno acordaron bajar deliberadamente el tono a la confrontación con las universidades públicas en medio de una movilización que volvió a unificar a gran parte de la oposición.
A la mañana, el presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete en la que la movilización tuvo un rol central durante las casi dos horas que los ministros estuvieron reunidos en el Salón Eva Perón. A pesar de esto, el mandatario no hizo ninguna declaración al respecto. Sólo se limitó a repostear mensajes en sus redes sociales. “A ver si queda claro, la educación pública no está en peligro”, reza uno de los tuits de una usuaria libertaria que divulgó el presidente.
El presidente se retiró de Casa Rosada pasadas las 15:30 de este martes y siguió las repercusiones de la movilización desde la Quinta presidencial en Olivos.
Con la orden de no confrontar, durante su habitual conferencia de prensa matutina el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la movilización y advirtió que desde el gobierno son “respetuosos de la expresión de los estudiantes y creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes”, dejando de lado la criminalización a la protesta que extendieron los trolls oficialistas en redes sociales.
En la misma línea, el portavoz descartó por completo las versiones que indican que el oficialismo busca cerrar las universidades públicas. “Son entes autárquicos y somos muy respetuosos de su estatus. El gobierno no tiene injerencia en eso, lejos estamos de querer cerrar las universidades y hacer esa salvajada. La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra ideología”, justificó.
En tanto, y sin perder la oportunidad de criticar a los dirigentes políticos que apoyaron la movilización, el subsecretario de prensa, Javier Lanari, utilizó su cuenta de Twitter para despacharse contra la oposición. “El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos…”, lanzó.
La Casa de Gobierno fue escenario de un importante operativo de seguridad que contó con la presencia de miles de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería. Así mismo, los alrededores del edificio del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía fueron vallados para evitar que los manifestantes se acercaran al perímetro de los edificios.
Adorni advirtió que “la discusión presupuestaria quedó saldada la semana pasada”. Sin embargo, el próximo 30 de abril el gobierno recibirá al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para llegar a un acuerdo para actualizar el presupuesto. Según confirmaron a este medio, la reunión estará encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
A pesar del intento del oficialismo de descomprimir la tensión, lo cierto es que el gobierno tiene un plan a largo plazo de arancelar las universidades públicas. Si bien altas fuentes de Casa Rosada hacen especial hincapié en que esta modificación se pondría en marcha “una vez que se logre una mejora en la economía”, advierten que el arancelamiento forma parte del plan de gestión que tiene el libertario para estos cuatro años de gobierno.
Además insisten en la necesidad de que los estudiantes extranjeros paguen por sus estudios universitarios públicos. “Si vamos a estudiar afuera nos cobran todo, ¿por qué nosotros tenemos que darle educación gratis?”, se cuestionó ante Tiempo un colaborador del presidente.
Desde adentro del oficialismo adelantan que este plan, que responde a una promesa de campaña que hizo el propio presidente, podría ser presentado ante las autoridades universitarias. Sin embargo, a pesar de la voluntad del gobierno, la autarquía de las instituciones evita la intromisión de los Ejecutivos de turno en su funcionamiento.
